Velaverde informó en su edición anterior que cuatro fiscales –César Jiménez, Javier Estrada, Miguel Ángel Vilca y Cristian Aceijas– fueron separados del Ministerio Público días después de realizar el allanamiento a un local en donde, de acuerdo con una denuncia pública, operaba un centro de chuponeo llamado la ‘centralita’, presuntamente financiado por el gobierno regional de Áncash administrado por César Álvarez.

Sin embargo, este no es el único caso de fiscales sancionados en esa región.

Carmen Berrocal Gonzales se desempeñaba como fiscal provisional encargada de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nuevo Chimbote. Investigaba al prófugo Jack Castillo, sospechoso de la autoría intelectual del asesinato del fiscal de Casma, Luis Sánchez Colona, y ganador de millonarios contratos de obra en el gobierno regional ancashino según las denuncias de la prensa local.

Mediante una resolución de julio del 2012, firmada por el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, dieron por concluido su nombramiento y la separaron del Ministerio Público.

“Durante el tiempo que me he desempeñado en la fiscalía mi trabajo ha sido transparente, siempre he cumplido con mi función y el hecho de dar a conocer actos de corrupción me ha generado muchos problemas”, declara Berrocal a Velaverde.

Con relación a supuestas irregularidades en el Gobierno Regional de Áncash, Berrocal dice que en el tiempo que trabajó en la región vio “una conducta agresiva” por parte de altos funcionarios. “Hay muchos hechos que tienen que investigarse porque despiertan suspicacia”, añade.

Berrocal trabaja ahora como abogada independiente: “He presentado una acción de amparo en noviembre del año pasado contra la resolución del fiscal de la Nación. Quiero terminar con esto y seguir con mi vida profesional. Esta orden injusta de Peláez Bardales ha perjudicado gravemente mi honor, mi carrera y mi situación jurídica”.

Además de los cinco casos mencionados, otros fiscales corrieron suerte parecida. José Luis Checa Matos formalizó denuncias contra el presidente regional César Álvarez y otros funcionarios de la región por la supuesta comisión de delitos de corrupción. Una resolución emitida por la Fiscalía Suprema de Control Interno de marzo del 2012 decretó su abstención en dichos procesos.

Los fiscales Yeni Vilcatoma de la Cruz y Juan Manuel Toledo Calero trabajaban en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Chimbote, hasta que resoluciones de octubre y noviembre del 2012 dieron por concluidas sus designaciones, y trasladaron a Vilcatoma a Loreto y a Toledo a Huánuco. Ellos habían reabierto el caso de la ‘centralita’.

Nancy Moreno Rivera entró a reemplazar a Vilcatoma y Toledo y los respaldó públicamente. Luego de eso fue destituida y trasladada a otra dependencia.

Según el Informe 102-2013 de marzo de este año, la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura opinó a favor de abrir una investigación preliminar al fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, por el caso de los fiscales sancionados. Fue a solicitud del congresista por Áncash, Modesto Julca. (Giovanna Ruiz)