El principal gremio de empresarios retrocedió en su postura altisonante contra el gobierno luego de una llamada telefónica del ministro de Economía y Finanzas anunciando que la compra de los activos de la transnacional española no iba. Entre tanto, un dato poco conocido: Repsol ha ganado en segunda instancia un juicio al Estado peruano por una deuda a su favor de unos 180 millones de soles.

ESCRIBE: LAURA GRADOS

El miércoles 1 de mayo, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, llamó por teléfono al presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso García Miró. El gremio había previsto una conferencia de prensa para la mañana del día siguiente. Buena parte del sector empresarial  –incluidas micro y pequeñas empresas asociadas a la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias– mostraría su absoluto rechazo a la compra de los activos de Repsol por parte del Estado peruano a través de Petroperú. Se iba a leer un pronunciamiento como medida de presión al gobierno.

La decisión de la Confiep de hablar fuerte contra el Ejecutivo se tomó el martes en una reunión a la que convocaron a los expresidentes del gremio, como sucede cada vez que hay que adoptar una posición frente a una coyuntura delicada.

Había dos posturas en la Confiep. Los expresidentes que habían pasado por la dictadura del general Juan Velasco y el intento de Alan García de estatizar la banca apostaban por un enfrentamiento directo con el régimen. Entre ellos, Jorge Picasso, Ricardo Vega Llona, Arturo Woodman, Manuel Sotomayor, Jaime Cáceres, Leopoldo Scheelje y Ricardo Briceño. A ellos se les sumaba Eva Arias, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y el propio García Miró.

Los actuales miembros del comité ejecutivo Gonzalo Prialé, Fernando Camet, Richard Inurritegui, Ricardo Hernández, José Dextre, Luis Valdivieso y Óscar Rivera tenían una postura más dialogante. Pedían ir con calma.

El debate lo ganaron quienes proponían emplazar al Ejecutivo. Todo estaba listo. Entonces entró la llamada de Castilla.

El titular del MEF le pidió a García Miró cancelar la conferencia. Ya no era necesaria. El presidente Ollanta Humala y la primera dama, Nadine Heredia, habían tomado la decisión política de dar marcha atrás.

CASTILLA SE HABÍA IMPUESTO

Ni siquiera había sido necesario culminar el estudio técnico ofrecido por Castilla para determinar si la operación era económica y comercialmente viable. El estudio –explican fuentes del Ejecutivo– recién iba a estar listo a mediados de esta semana.

¿Qué había ocurrido?

Fuentes del MEF comentan al menos dos razones que motivaron que la pareja presidencial repensara la compra. Una, la presión mediática. Y dos, la certeza de que Castilla y su equipo de colaboradores más cercanos en el MEF darían un paso al costado si el Estado insistía en adquirir los activos de Repsol.

De hecho, el viernes 26, Castilla y su entorno tuvieron una reunión en el MEF cuyo único punto en agenda había sido la crisis Repsol. La decisión era unánime: si la compra procedía, todos se irían.

Nunca hubo una carta formal de renuncia de Castilla. Desde luego, en Palacio estaban muy al tanto de que si querían conservar al ministro, tenían que ceder. Y así ocurrió.

TRAGAR SAPOS

Durante su presentación del viernes 3 en el Congreso, Castilla negó que hubiera división en el gabinete a raíz del amago de compra de Repsol. No es tan cierto.

El titular del MEF se enteró de que el Estado evaluaba formalmente la adquisición de los activos de la empresa española cuando leyó un cable de la agencia británica Reuters publicado el 3 de abril. El dato fue filtrado por un alto directivo de Petroperú, sin precisión del monto de la oferta preliminar presentada.

Pero, como detalló Velaverde en su edición anterior, las gestiones llevaban ocho meses. Estaban detrás Humala, Heredia y el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino. Ahora se sabe que la jefa de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), Tania Quispe, también estaba al tanto de los planes palaciegos. Quispe es prima de Heredia.

Ya se había acordado con el banco de inversión francés, Société Générale, la emisión de bonos para la compra de La Pampilla y los grifos de Repsol. Esta negociación, a espaldas de Castilla, ha provocado que su relación con Merino se haya enfriado. “Ya no hay confianza”, explica una fuente del MEF. La relación de Castilla con la pareja presidencial se mantiene en buenos términos: “Es que así es la política pues, qué vamos a hacer”, agrega la misma fuente. Por el momento, Castilla se queda.

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REPSOL LE GANÓ AL ESTADO

ESCRIBE: ANA BRICEÑO

En el departamento de Finanzas de la refinería La Pampilla (Repsol) están más que satisfechos y contentos. No es para menos. Han ganado el juicio que llevaban, desde el 13 de mayo del 2010, contra el Ministerio de Energía y Minas. “El Estado nos tendrá que pagar unos 180 millones de soles porque la sentencia fue favorable para nosotros”, dice a Velaverde una fuente con cargo de confianza en la empresa. Ni bien se enteraron, la primera semana de abril, de que la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima había confirmado la sentencia a favor de Repsol, la oficina de Finanzas calcula los intereses que le cobrarían al Estado peruano.

La historia se remonta al 15 de setiembre del 2004 cuando se creó, mediante el Decreto de Urgencia 010-2004, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo. El objetivo: evitar que la fluctuación de los precios del petróleo crudo y sus derivados en el mercado internacional afecte el mercado interno poniendo en riesgo la economía. “Se trataba de impedir la inflación y cuidar los bolsillos de los consumidores”, explica Alfredo Dammert, expresidente de la reguladora Osinergmin.

Dependiendo del precio del petróleo, el fondo debía funcionar con aportes del Estado y de la empresa. Para eso se fijó una banda con precios máximos y mínimos. Cuando el precio internacional del petróleo excedía ese intervalo, el Estado aportaba al fondo la diferencia; cuando estaba por debajo, lo hacía la empresa.

Sin embargo, sucedió algo que no había previsto el exministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría, promotor del decreto. Los precios del petróleo subían y casi nunca bajaban. Eso significaba más pérdidas para el Estado, que estaba obligado a desembolsar más dinero.

“El fondo desembolsaba más dinero del Tesoro Público”, dice el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi.

“El Estado dejó de cumplir su compromiso; varios meses no pagaba y la deuda iba creciendo perjudicando a La Pampilla e incluso a Petroperú (que posee refinerías)”, dice la fuente.

En el 2008, Ernesto Barreda Tamayo era director general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. En la actualidad es el gerente del proyecto de modernización de la Refinería de Talara. En su oficina de San Isidro recuerda que “como la deuda del Estado con La Pampilla crecía a pasos agigantados a raíz del fondo, se sacó una ley para castigar a la refinería”.

Se trata de la Ley 28694 que regulaba el contenido de azufre en el combustible diésel. Prohibía la venta de diésel con un contenido de azufre superior a las 50 partes por millón. La norma motivó que Repsol empezara a batallar en contra del Estado.

“Repsol estaba vendiendo un combustible sucio en lugar de uno limpio, pero el Perú no lo prohibió hasta que se publicó esa ley. Hasta ese momento los combustibles limpios subsidiaban a los sucios”, explica Herrera Descalzi. Sin embargo, Repsol cobraba al Estado lo que le adeudaba a raíz del fondo de estabilización. “Moralmente, Repsol estaba actuando pésimamente”, acota Herrera.

Barreda dice que esa ley fue un exabrupto del Ministerio de Economía y Finanzas. “En otros países se tardaron varios años para ir reduciendo los índices de azufre; acá se hizo contra viento y marea, de porrazo, para detener la deuda que el Estado tenía con la refinería. Era una forma de castigarla”, recalca. Según el funcionario, los estudios de la Dirección General de Salud (Digesa) también influyeron para que se dicte la norma.

El 28 de abril del 2010, Barreda Tamayo firmó la Resolución Directoral Nº 075-2010 que establecía nuevos criterios en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Si Repsol quería cobrar la deuda del fondo, el petróleo que vendía no podía superar las 50 partes por millón de azufre; es decir, debía cumplirse la ley aprobada en el 2008.

“Nos cambiaron las reglas de juego. El Ministerio de Energía y Minas decía que les adeudábamos, cuando era al revés. Se basaron en esa norma anticonstitucional”, dice otro funcionario de La Pampilla.

“Me reuní con los empresarios de Repsol; se negaban a pagar por el tema del azufre. Decían que no podíamos aplicar una norma retroactivamente, les dijimos que se vayan a los tribunales si querían y así lo hicieron. Me parece bien que hayan ganado”, refiere Barreda Tamayo.

Un abogado de La Pampilla confirmó que la resolución de la Cuarta Sala Civil es favorable a Repsol. De acuerdo al Código Procesal Constitucional no procede una apelación al Tribunal Constitucional por parte del Estado porque ha habido el mismo fallo en dos instancias, solo le queda acatarlo.