Por Pablo Secada

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La forma en que el Estado se interesó por los activos de Repsol, el mismo hecho que lo hiciera y la manera en que se dio el asunto por concluido ilustran vívidamente nuestra precariedad institucional. En el IPE convocamos a un grupo selecto de funcionarios especializados a una reunión para entender mejor qué estaba pasando, qué se podía seguir haciendo para evitarlo y cómo ofrecerle un puente de plata al presidente en su laberinto. La conclusión es que no hay política energética ni quiénes la formulen. Los funcionarios públicos andan diciéndole al presidente lo que quiere oír, por poco realista que sea. Arriesgaré una agenda de política energética basada en el conocimiento de los asistentes a la reunión, otros especialistas consultados y una pizca de racionalidad económica. Empecemos, en esta entrega, con la transacción que no fue y el anuncio del Lote 64.

El valor de “mercado” de la Refinería La Pampilla es US$ 180.7 millones. No parece que el compromiso ambiental de alrededor de US$ 900 millones, el elefante en la cristalería, esté incorporado. Si bien los estimados han variado, la Refinería de Talara requiere una inversión de US$ 3.5 mil millones para su ampliación y desulfurización. Un consultor estimó que se recuperarían US$ 2.5 mil millones. Podríamos suponer que la inversión ambiental para que los peruanos dejemos de inhalar tanto azufre asciende a alrededor de US$ 1.9 mil millones. Esa es la inversión asociada a que las refinerías internalicen en su decisión de producción la contaminación –externalidad– que nos imponen. Parte de la misma iba a ser socializada. Los intentos por hacerlo seguirán.

Importar combustibles limpios es la alternativa económicamente más sensata que planteé. Me valió una acusación de lobbista de los “chilenos”. No solo lobbista, sino una especie de traidor a la patria económico. Hacer una licitación pública internacional para elegir asesores para construir otra refinería en Talara es otra alternativa. Hacer lo propio para modernizar y ampliar La Pampilla, cerrando Talara, otra. Aunque un consultor contó que había cerrado tres refinerías en África, ayer aprendí que nunca se cierran las refinerías, se modernizan o amplían.

Hubo consenso general en que había que concretar el gasoducto de GLP. Lima estuvo a punto de estar desprovista con la crecida reciente y ni nos enteramos. Lo mismo con el eventual abuso de posición de dominio en el mercado de GLP. Se reconfirmó que ENAP está vendiendo su parte en Primax. Otros datos para ilustrar nuestro inconstitucional pero geopolítico patrioterismo: de 3 mil grifos que hay en nuestro país, Petroperú tiene 600 abanderados; Primax 340; Repsol 300, 70 de los cuales son propios; y PECSA 300. Primax hizo el 76% y 24% de sus compras de combustibles del 2012 a Petroperú y ENAP, diésel 2 menos sucio esencialmente. Nada a Repsol, con el que iba a abusar de su posición de dominio en grifos, que no quiere comprar.

El petróleo del Lote 64 está a casi 6 mil metros de profundidad. Talisman no consiguió socios para explotarlo. Hay que invertir no menos de US$ 200 millones en dos pozos exploratorios adicionales. Hay que hacer el Estudio de Impacto Ambiental. Dos pozos ya pueden producir. Pero hay que construir las instalaciones productivas y luego hacer un oleoducto para conectarse al cercano Ramal Norte que viene de Andoas. ¿US$ 1 mil millones le parecen razonables para que la modernización de Talara se justifique  –ignorando el riesgo y el uso alternativo de dichos recursos–?

Hay pan por rebanar. Este artículo intenta proveer información adicional de lo grotescamente absurda que es la decisión que estuvo cerca de adoptar el gobierno. En la próxima me comprometo a dar alguna información acerca de la falta de norte en la política energética, la incapacidad de quienes la dirigen y cómo insisten en contarle al desnudo emperador que está elegantemente vestido.