Una disposición interna del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) que prohibía imágenes religiosas en sus instalaciones conmocionó a la opinión pública. La intención súbita de promover la laicidad en un país que no ha debatido lo  suficiente la separación entre iglesia y Estado pareció artificial. La relación entre los jerarcas católicos y los gobiernos de turno ha sido principalmente de proximidad, aunque no ha estado libre de choques.

ESCRIBE: JOSÉ ALEJANDRO GODOY

Cuando la presidenta del Concytec, Gisella Orjeda, dispuso el retiro de toda imagen religiosa de su institución, no previó que algunos de sus trabajadores pedirían al cardenal Juan Luis Cipriani su apoyo, ni calculó el debate sobre los límites de la laicidad estatal. El jueves 2 aclaró en un comunicado que “no interferirá con el ejercicio individual de la libertad religiosa de sus trabajadores”. La orden inicial sorprendió en una sociedad en la cual una significativa cantidad  de empleados públicos tiene alguna estampita en el lugar de trabajo.

El Perú reconoce la libertad de culto desde 1915, pero casi un siglo después, la separación entre la iglesia católica y Estado es aún tenue, dada la cercanía entre gobernantes y jerarcas religiosos, a pesar de algunos momentos de fricción.

APROVECHAMIENTOS RELIGIOSOS, DIVORCIOS Y BAILES

En el oncenio, el gobierno de Augusto B. Leguía detuvo la implementación del matrimonio civil y mantuvo la religión católica como oficial.  En 1923, el autócrata intentó consagrar al Perú al Sagrado Corazón de Jesús, con la aquiescencia del arzobispo de Lima, Emilio Lisson. Esta iniciativa generó protestas de universitarios encabezados por Víctor Raúl Haya de la Torre. Lisson abandonó el país en 1930 por sus cercanías con el régimen.

En la década siguiente, las mayores disputas entre la iglesia católica y el Estado ocurrieron por  la ley de divorcio de 1934, que causó la renuncia del primer ministro José de la Riva Agüero, quien no firmó la ley por sus convicciones religiosas.

En enero de 1951, en pleno apogeo del mambo, llegó a Lima Dámaso Pérez Prado, creador de este género. La moda musical no era del agrado del arzobispo Juan Gualberto Guevara, quien amenazó con excomulgar a quienes se atrevieran a bailarlo. Salvo los más cucufatos, los peruanos siguieron apreciando el arte del músico cubano.  A fines de esa década, el segundo matrimonio religioso del presidente Manuel Prado Ugarteche –previa anulación del primero– generó las protestas de mujeres vestidas de negro, quienes reclamaban la indisolubilidad de la unión católica.

VELASCO Y LA IGLESIA PROGRESISTA

En la década siguiente, la relación entre la iglesia católica y la dictadura de Juan Velasco Alvarado fue compleja. El general no era creyente pero mantuvo una buena convivencia con una institución que consideraba importante para el país. Cuando se agudizó el conflicto entre el ministro del Interior, Armando Artola, y el entonces obispo auxiliar de Lima, Luis Bambarén, Velasco apoyó al sacerdote. En mayo de 1971, el prelado fue detenido luego de celebrar una misa en una invasión en Pamplona, pero fue liberado por orden presidencial a las pocas horas. Días más tarde, Artola abandonó su puesto. Sin embargo, el ala progresista de la iglesia católica se distanciaría del velascato poco tiempo después de la nacionalización de los medios de comunicación en 1974, cuando fue evidente que estos eran controlados por la dictadura mediante una oficina central de información.

LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA Y EL CONCORDATO

En la Constitución de 1979 se adoptó una fórmula propuesta por monseñor José Dammert y el obispo Luciano Metzinger, representantes de la iglesia más progresista de ese momento. Se instauró un régimen de independencia entre el Estado y la iglesia, con una especial colaboración con la iglesia católica por su rol en la historia peruana, sin dejar de lado la cooperación con otras religiones. Esta disposición no varió en la Constitución de 1993.  Pero antes que el texto constitucional entrara en vigencia, la dictadura de Francisco Morales Bermúdez –cercano a los jesuitas– suscribió un Concordato en 1980 con la Santa Sede sobre las condiciones de la relación entre la iglesia católica y el Perú.  Algunas disposiciones de este tratado son controvertidas, como las subvenciones para el clero y las prerrogativas especiales para los vicarios y obispos castrenses.  Grupos minoritarios ateos reclaman que el Estado peruano denuncie este tratado, por afectar principios constitucionales básicos.

En el retorno a la democracia, las relaciones de los gobiernos de Fernando Belaunde y Alan García con los representantes de la jerarquía católica fueron cordiales. Sin embargo, la iglesia criticó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el combate al terrorismo. Ambos presidentes, además, recibieron al papa Juan Pablo II en las dos visitas que hizo a nuestro país.

FUJIMORI, VARGAS ALZAMORA Y CIPRIANI

El presidente Alberto Fujimori (1990-2000) tuvo una mala relación con el arzobispo de Lima, Augusto Vargas Alzamora, desde el inicio de su mandato. El prelado sacó en procesión al Señor de los Milagros en plena segunda vuelta electoral de 1990, como protesta ante el posible avance evangélico representado por Cambio 90.  Vargas Alzamora y otros obispos criticaron el régimen por la pobre implementación del programa de emergencia social y la política de control de la natalidad. Conforme crecía el autoritarismo, sin perder ciertas formas, el arzobispo y un sector mayoritario de obispos de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) criticaron las violaciones a los derechos humanos y las esterilizaciones forzadas. Cuando falleció el cardenal jesuita en el 2000, algunas voces pidieron una investigación de su muerte, oficialmente atribuida a causas naturales.

La otra cara de la medalla en la década de los 90 fue monseñor Cipriani, entonces obispo de Ayacucho. El controvertido religioso del Opus Dei asumió posiciones distantes de la CEP frente a la pena de muerte, el caso La Cantuta o la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El hoy cardenal integró el directorio del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) entre 1993 y 1998, organismo responsable de la creación de pequeñas y medianas obras de infraestructura en el país. Renunció por discrepancias sobre la política de control de la natalidad. Ya como arzobispo de Lima, criticó a los opositores de Fujimori y a los observadores internacionales de las elecciones del 2000. Hoy es uno de los principales simpatizantes del indulto humanitario para el reo.

TOLEDO: LEJOS DE CIPRIANI, CERCA DE LOS PROGRESISTAS

La misa por Fiestas Patrias del 2006 concentró en un instante las malas relaciones entre Alejandro Toledo y el arzobispo de Lima. En la homilía, Cipriani criticó duramente al presidente saliente por dos episodios: unas supuestas cartas falsas enviadas al Vaticano para desprestigiarlo y la versión de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre su actuación como obispo en Ayacucho. Toledo respondió que no era conveniente politizar la iglesia, mientras que sus ministros discreparon con el cardenal. Durante la campaña presidencial de 2011, recrudeció el enfrentamiento entre ambos personajes, cuando el líder de Perú Posible insinuó su apoyo a la despenalización del aborto y a la formación de uniones homosexuales. Toledo es amigo de monseñor Luis Bambarén y se solidarizó con el sacerdote Gastón Garatea cuando fue sancionado por Cipriani el año pasado.

EL CONSERVADOR GARCÍA

Si Toledo fue despedido con críticas por Cipriani, Alan García fue felicitado por el cardenal en su programa en RPP, al concluir su segundo mandato. El prelado limeño fue condecorado con la Orden del Sol en 2009. Ambos personajes inauguraron el controvertido Cristo del Pacífico, donado por la empresa brasileña Odebrecht. La única tensión con el gobierno aprista giró en torno a la decisión de Óscar Ugarte sobre el reparto de la píldora del día siguiente en los hospitales del Ministerio de Salud.

Esta buena relación del presidente con los sacerdotes, no fue común. En 2007, García criticó duramente a los sacerdotes que acompañaron los reclamos de las comunidades sobre actividades mineras. En julio del 2010, el Ministerio del Interior canceló la residencia del hermano Paul McAuley, quien respaldó a las comunidades del río Pastaza (Loreto) en sus protestas por contaminación producto de la extracción de petróleo. Ante las protestas en defensa de McAuley, la medida fue derogada.

En 2010, el gobierno promulgó una ley que consagraba al Señor de los Milagros como “patrono de la espiritualidad religiosa católica” en el Perú. En una sentencia del mes pasado, el Tribunal Constitucional indicó que la norma era constitucional, pues la procesión es una expresión cultural enraizada en la sociedad peruana. Sin embargo, el magistrado Carlos Mesía indicó que la norma rompía con la neutralidad religiosa estatal.

HUMALA: DISTANCIA RESPETUOSA

El presidente Ollanta Humala se proclamó como un conservador en materia familiar, a la salida de una reunión sostenida con Cipriani en plena campaña electoral de 2011. Pero los encuentros entre ambos personajes han sido escasos. El gobierno se ha mantenido al margen de la disputa entre el Arzobispado de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú, alma mater de varios ministros. El cardenal, más allá de algunas exhortaciones a un mayor diálogo con la clase política y empresarial, no ha expresado mayores críticas directas al presidente. Sin embargo, Humala declinó ir a la misa de Navidad de diciembre pasado, luego que el arzobispo aprovechara el último Te Deum para reseñar su agenda particular sobre política reproductiva, educación católica y el cierre de procesos a militares por violaciones de los derechos humanos.

Cipriani tiene una buena red de contactos políticos. En el oficialismo, la persona más cercana a él es el congresista ayacuchano José Urquizo. A pesar de la separación nominal entre Estado e iglesia, el cardenal es un importante jugador político.

SE ESPERA REGLAMENTO SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA

“Creo en la pluralidad y libertad de culto”. Así se expresaba Ollanta Humala al visitar la sede de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, durante la campaña electoral de 2011. Sin embargo, su gobierno lleva un año y medio sin promulgar un nuevo reglamento de la Ley de Libertad Religiosa, emitida durante el gobierno de Alan García.

El líder aprista mantuvo buenas relaciones con las iglesias evangélicas, hay que recordar que Mercedes Cabanillas pertenece a esa confesión. García asistió al culto de acción de gracias por Fiestas Patrias durante sus cinco años de gobierno y su bancada presentó un proyecto de ley sobre libertad religiosa, finalmente aprobado en 2010. La norma estableció la posibilidad de exoneración por razones de conciencia, señaló los requisitos básicos para la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas a cargo del Ministerio de Justicia e indicó las modalidades básicas de cooperación entre el Estado y los distintos credos.

Sin embargo, el reglamento de esta norma, expedido el último día de mandato de García, establecía que cada entidad religiosa debía tener no menos de 10,000 miembros adultos con firmas verificadas ante el Jurado Nacional de Elecciones para inscribirse en el registro. Distintas instituciones religiosas se quejaron ante el gobierno de Humala y el entonces ministro de Justicia Francisco Eguiguren planteó un anteproyecto de nuevo reglamento, sin que haya sido expedido hasta la fecha. No solo los distintos credos están preocupados por esta demora, sino también la embajada de Estados Unidos en Lima, dado el alto número de misioneros evangélicos y mormones que llegan al país.